Diciembre 13, 2017

Subsecretario Cifuentes visitó a dirigentes de la FENASINAJ y destacó aprobación de proyecto que beneficia a trabajadores de aseo y ornato

Ante la reciente aprobación del proyecto de ley que establece mejoras en las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que prestan servicios de aseo y ornato a los 244 municipios que tienen externalizadas dichas funciones, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, se reunió hoy con los dirigentes nacionales de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile (FENASINAJ) en la sede de dicha organización, en Santiago.

En la oportunidad, el Subsecretario les expresó a los dirigentes que la tramitación de esa iniciativa “es una de las medidas más importantes que hemos impulsado desde la SUBDERE en el actual período presidencial, porque le da dignidad a más de 33 mil trabajadores que cumplen una función esencial para el país”, señaló.

El subsecretario Cifuentes dijo que “no solo significa cumplir un compromiso de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sino también establecer una política de carácter permanente que resguarde sus remuneraciones, estabilidad laboral, extensión de la jornada de trabajo y condiciones de bienestar y seguridad en el trabajo”.

Por su parte, el presidente de FENASINAJ, Armando Soto, indicó que “esta nueva legislación marca el fin de un proceso muy largo que nos deja muy satisfechos. Es un gran paso, sobre todo por lo que está ocurriendo cada vez que se efectúa una licitación, en las cuales los trabajadores quedamos en condiciones muy precarias”, afirmó.

Añadió que “ahora parte una nueva etapa que consiste en hacerle seguimiento a la aplicación de la nueva ley, porque todo el mundo sabe que las leyes son, muchas veces, muy fáciles de vulnerar y por eso vamos a tener que estar muy atentos en las futuras licitaciones para asegurarnos que los municipios establezcan en las bases de esos concursos lo que estipula esta iniciativa”, manifestó.

Cabe destacar que, al terminar la actividad, la abogada de la SUBDERE, Doris Durán, realizó una presentación sobre la futura ley resaltando los principales aspectos de la normativa.

Antecedentes:
• De las 345 municipalidades existentes en Chile, 244 efectúan la función de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios mediante empresas externas.
• Durante el año 2013 los trabajadores de dichas empresas paralizaron sus servicios, generando problemas sanitarios y de tipo ambiental en diversas comunas del país. Con el fin de poner término a dicho conflicto, el Ejecutivo de la época constituyó una mesa de trabajo junto a alcaldes y representantes de dichos trabajadores, en la cual se acordó entre otras materias trabajar para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.
• El acuerdo se cumplió en principio, con incluir en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2014, una nueva glosa destinada a que la SUBDERE transfiriera recursos a las municipalidades en función del número de predios exentos del pago de derechos de aseo de las respectivas comunas. Tanto en ese año, como en las de los años sucesivos se han dispuesto la suma de M$15.691.066 para ser distribuidos.
• No obstante, en el año 2014 las municipalidades no disponían de facultades que les permitieran efectuar transferencias de recursos a las empresas prestadoras del servicio de recolección, transporte y/o disposición de residuos sólidos domiciliarios.
• Por tal motivo, en marzo de 2014 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet remitió a consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que facultó excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a las empresas privadas proveedoras del servicio de recolección, transporte y/o disposición final de residuos sólidos domiciliarios, con los fines expresamente considerados en la citada norma legal.
• Esa iniciativa consideraba una norma similar a la contemplada en el presente proyecto de ley, pero, dada la celeridad con que se tramitó esa iniciativa en el Parlamento, se acordó la conveniencia de debatir una norma permanente sobre compras públicas con mayor tiempo y detención, comprometiéndose el Ejecutivo a presentar un proyecto de ley en la materia.