Royalty Minero financia la habilitación del Juzgado de Policía Local y el mejoramiento del Edificio Consistorial en Huasco

La inversión del Juzgado, que supera los $30 millones, permitió los cambios en la techumbre, piso interior y exterior, el mejoramiento de servicios higiénicos y puertas de acceso a recintos interiores. En el Edificio Consistorial, con más de $73 millones, se mejoró el piso en todos los recintos de uso de oficinas por un piso vinílico de alto tráfico. 

La Ley del Royalty Minero entró en vigencia en enero de 2024, tras haber sido aprobada por el Congreso en 2023 luego de varios años de tramitación, y tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de millones de familias de Chile a través de la entrega de más recursos para las comunas por medio de un impuesto específico para las grandes empresas mineras. 

En ese contexto, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, se encuentra en la Región de Atacama desarrollando una agenda en terreno entre el lunes 17 y miércoles 19 de noviembre para destacar los proyectos que han sido financiados con recursos del Royalty Minero. En esta jornada, primero visitó el proyecto de habilitación del Juzgado de Policía Local de Huasco, que anteriormente era una sede de Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM), que tuvo una inversión de $30.074.332 para realizar cambios en la techumbre, piso interior y exterior, el mejoramiento de servicios higiénicos y puertas de acceso a recintos interiores. 

“Hemos logrado distribuir recursos con el Royalty Minero a través del Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras para fomentar el desarrollo local, como también darle una inyección importante de recursos a las comunas para que puedan financiar iniciativas que sean importantes. Nos parece muy significativo que en la provincia de Huasco, que hemos estado recorriendo, gran parte de las iniciativas tengan un impacto directo en la vida de las personas”, destacó la subsecretaria Francisca Perales.

Asimismo, sostuvo que “este nuevo Juzgado de Policía Local significa mejores condiciones para los funcionarios, pero también mejor atención municipal para los vecinos y vecinas de Huasco. Esto acerca el Estado a las personas, da confianza, otorga un mejor servicio público y quienes trabajamos en el Estado tenemos esa tarea de brindar buena atención a la ciudadanía y hacernos cargo de los problemas de nuestra sociedad”.

Por su parte, el alcalde de Huasco, Genaro Briceño, señaló que “los fondos del Royalty Minero se van a mantener y van a permitir no sólo un mejor desarrollo en Huasco, sino que también en Huasco Bajo, en el borde costero, hay vecinos que vienen del mundo rural donde el municipio tiene que estar presente. Se está invirtiendo en infraestructura, en salud, en deporte''.

Felipe Menas, juez de la Policía Local de Huasco, agradeció “ser parte de este centro cívico. Es un espacio muy cómodo, muy bonito, es central lo que da conectividad a muchas personas de los centros urbanos”.

Más tarde, la autoridad nacional se dirigió hasta el Edificio Consistorial de la comuna para visitar las obras de mejoramiento de este edificio que fueron financiadas por el Royalty Minero con una inversión de $73.280.000 que permitió las mejoras y el cambio en el piso de todos los recintos de uso de oficinas por un piso vinílico de alto tráfico para resguardar su vida útil. El edificio municipal data del año 2001 y desde esa fecha no se habían realizado intervenciones para mejorar las condiciones de los propios funcionarios como en el mejoramiento en el servicio de los departamentos. 

Para este 2025, por el Royalty Minero han distribuido $218.625 millones de libre disposición a 308 municipios, lo que representa el 89% del total de municipios del país, beneficiando a más de 12 millones de personas. De estos $55.720 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI) para 44 comunas, que busca compensar las externalidades de la actividad minera en los territorios; y $165.905 millones provendrán del Fondo de Equidad Territorial (FET) para 301 comunas, cuyo objetivo es acortar brechas presupuestarias entre las distintas comunas del país.