Congreso aprueba proyecto que condona la deuda originada en pagos en exceso, realizados erróneamente por las municipalidades, a funcionarios y exfuncionarios
La iniciativa busca evitar afectar el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron pagos calculados erróneamente por sus respectivos empleadores, respecto al conocido “incremento previsional”.
Este martes 9 de diciembre el Senado aprobó el proyecto que condona la deuda originada en pagos en exceso, realizados erróneamente por las municipalidades, a funcionarios y exfuncionarios (Boletín 16620-06). La iniciativa contaba con suma urgencia.
“La aprobación de este proyecto representa un acto de justicia para los funcionarios y exfuncionarios, quienes no tenían responsabilidad del cálculo erróneo de los pagos en exceso. Asimismo, se reafirma que no se debía perseguir a los trabajadores por actos que no les correspondía, por lo que esta noticia nos alegra profundamente. Agradecemos también al Senado por la rápida tramitación de la iniciativa”, señaló la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales.
Gracias al proyecto se condonará la deuda de funcionarios y exfuncionarios que están siendo demandados en juicios de cuentas, en algunos casos, u objeto de persecuciones penales por deudas por concepto del pago en exceso de sus remuneraciones, en relación con el denominado “incremento previsional”, percibidas hasta el 31 de diciembre de 2023, respecto de remuneraciones, estipendios y asignaciones imponibles creados o establecidos con posterioridad al 28 de febrero de 1981.
Asimismo, pretende dar término a los procesos judiciales y administrativos que están pendientes, en el entendido que las remuneraciones que se pagaron en exceso no son un error del funcionario, sino que de la institución que erró en la base de cálculo.
El proyecto, es parte de una agenda acordada entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y las asociaciones de funcionarios municipales, UFEMUCH y ASEMUCH. Además, también es parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público en el marco de un protocolo de acuerdo que se suscribió en diciembre del año 2023, durante la tramitación de la Ley de Reajuste.