Parte de las 12 propuestas elaboradas y presentadas por la Universidad Católica de Chile ante autoridades de Gobierno, Alcaldes y otras personalidades, en el marco del Primer Concurso de Políticas Públicas (convenio PUC-Senado-MIDEPLAN-SUBDERE).
Texto de la Introducción, contenido en el documento:
Los tres componentes básicos de la Política Habitacional chilena son el ahorro, el subsidio estatal a la demanda y el crédito hipotecario. Los equilibrios entre ellos varían de acuerdo a los grupos objetivos que atienden y a los énfasis de la política.
El gran cambio propuesto por la política de vivienda vigente, que atiende a los sectores más carenciados, elimina el crédito asumiendo que las familias cuentan con poca capacidad de endeudamiento. A pesar de esta limitación, se supone que al no existir una obligación de pago se liberan recursos para ser empleados en la terminación de la vivienda. El concepto es el llamado Vivienda Social Dinámica sin Deuda VSDsD) y es aplicable a las viviendas entregadas mediante el Fondo Solidario de Vivienda (FSV), explicado más adelante.
La estructura de financiamiento considera 10UF de Ahorro, más 280 a 320 UF de Subsidio Directo, lo que entrega un valor de 290 a 330UF disponibles para el sitio, la urbanización y construcción de la vivienda. El crédito eliminado, se suple por un aumento del monto de subsidio respecto de lo que había antiguamente para las viviendas del mismo estrato. Al mismo tiempo se reduce la superficie de Vivienda entregada a una unidad inicial de unos 32m2, que debe contemplar su futura ampliación para alcanzar una superficie edificada de a lo menos 50 m2.
Persiguiendo una mejor focalización, específicamente en el 30% más pobre de la población, el año 2001 surgen los Fondos Habitacionales Solidarios de Vivienda (FSV), que incorporan innovación en la gestión, a través de la postulación de grupos organizados de beneficiarios. Se mantiene el concepto de financiamiento y superficies, dejando la ampliación, en casos de construcción, en manos del usuario. A través de este Fondo se delega responsabilidad del SERVIU en actores privados o gobiernos locales y se apuesta a una mayor participación de la gente.
Una premisa de la vivienda es su carácter progresivo, y por ende se entiende que 32m2 de superficie entregada sólo constituyen el punto de partida para la vivienda. El éxito de la política y la habitabilidad de las viviendas, descansan en gran medida en el usuario, quien amplia, termina, mantiene y habita su vivienda. El beneficiario debe hacerse cargo de lo que representa al menos un 36% de la construcción de su vivienda para llegar a una condición óptima de uso. A pesar de esa transferencia de responsabilidad, la política no asegura al usuario herramientas de apoyo efectivas enfocadas en el desafío de la terminación de la vivienda a través de la ampliación.
Una ampliación exitosa, esto es, la que permite lograr una vivienda bien terminada técnicamente, debiera generar plusvalía a la vivienda y por consiguiente, a su conjunto y barrio. De esta manera, el subsidio que entrega el Estado a las familias, constituiría una inversión social que transforma a la vivienda en un bien de capital que permitiría la movilidad social. En la gran mayoría de los casos no se generan plusvalías, y es así como surge un nuevo grupo de atención, los "con techo" (Rodríguez, 2005), quienes pese a contar con una vivienda no logran la movilidad social que les permite salir de la pobreza, al no cumplir con los estándares mínimos de calidad, servicios y habitabilidad. Si la situación fuera inversa, es decir viviendas que aumentan su valor, el beneficio social sería doble: por un lado, la familia recibiría un bien de capital en el cual puede invertir, puesto que se valoriza en el tiempo, y por otro, se lograría una exitosa consolidación del entorno, valorizándose el barrio y construyéndose mejores condiciones para el desarrollo del capital social (Arriagada, 2002).
Por lo tanto, uno de los objetivos de la política habitacional, a nuestro juicio, debiese ser junto con entregar la solución habitacional, apoyar el crecimiento y terminación de la vivienda de modo de asegurar un resultado exitoso. Es necesario hacer un acercamiento desde la gran escala de la política pública, a lo pequeño y cotidiano, traducido en las posibilidades de ampliarse que manejan las familias, a fin de conducir el proceso hacia la consolidación de la vivienda como un capital, un patrimonio y, en definitiva, un bien durable y transable.
Baje aquí el documento completo.