Una doble jornada dedicada a los contribuyentes de bienes raíces sostuvo la Comisión de Hacienda en la tarde del martes 12. Por un lado, inició el análisis del proyecto, en primer trámite, para transparentar la información en las contribuciones de bienes raíces y luego, junto al Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar realizó una evaluación de los efectos de la aplicación de la Ley de Rentas Municipales II.
Cabe recordar que los senadores Pablo Longueira, Jovino Novoa, Carlos Ominami, Baldo Prokurica y Hosaín Sabag presentaron un proyecto para precisar la información que se debe proporcionar a los contribuyentes de bienes raíces, para que cancelen anualmente los impuestos por sus propiedades.
| Senador Carlos Ominami, uno de los autores del proyecto. |  |
| Senador Pablo Longueira, otro de los autores. |  |
La iniciativa propone incorporar al "Rol Semestral de Contribuciones" los datos indispensables que permitan que el contribuyente pueda comprender el valor resultante de sus contribuciones.
Los parlamentarios autores de la iniciativa aseguraron que "esto se debe a que fueron muchos los contribuyentes que, por una vía informal, reclamaron sobre las últimas alzas en los precios de las contribuciones, y fueron los medios de comunicación social los que se hicieron cargo del problema, ya que los contribuyentes no tenían claro cómo y dónde efectuar el reclamo".
Agregaron que el propio Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha señalado que, para todo consumidor, se consagra el derecho a recibir información básica, de manera oportuna y verdadera, por lo que "cuando la información entregada sea inoportuna o falte a la verdad, existe infracción de ley".
Finalmente, señalaron que a través del derecho de acceso a la información pública se reconoce el "deber de transparencia y publicidad de los actos y documentos de los órganos de la administración pública y la obligación de responder a los requerimientos de información por parte de los ciudadanos".
La ley de Rentas II, promulgada en junio del 2005, permite aportar recursos frescos por $ 54 mil millones a los municipios del país lo que llevó a que el Fondo Común Municipal (FCM) aumentara de $ 430 mil millones a $ 480 mil millones el 2006, tomando en consideración también su crecimiento natural.
Este Fondo permite redistribuir en forma solidaria sus recursos entre los 345 municipios del país. En los últimos 15 años, los recursos del FCM se han incrementado en un 277%, pasando de $114 mil millones en 1990, a $ 430 mil millones, el año 2005.
"Con la promulgación de la Ley de Rentas lI se reafirmó la preocupación de los Gobiernos de la Concertación por apoyar la gestión municipal, especialmente de los municipios más vulnerables, y por brindar una mejor atención a la comunidad", expresó la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Claudia Serrano.
Según explicó la titular de la SUBDERE, "el FCM es un sistema solidario de redistribución de los recursos municipales que permite romper las desigualdades y desequilibrios territoriales porque los municipios que recaudan mayor cantidad de tributos deben aportar recursos a aquéllos de menores ingresos; si el Fondo no existiera, sólo 15 municipios -un 4,3% del total- se quedarían con el 50% del total de ingresos municipales". Precisó que, sin duda, "para muchos gobiernos locales, el FCM es su principal fuente de financiamiento".
Con la presencia del Director del SII, la Comisión de Hacienda del Senado realizó también el martes 12 una evaluación de los efectos de la Ley de Rentas II.
Dicho cuerpo legal estableció un impuesto a los bienes raíces, que se aplica sobre el avalúo de ellos. Esta avaluación se hace cada 5 años por el SII de acuerdo a instrucciones técnicas y administrativas que se ajustan a normas que especifica la misma ley.
La norma señala que, en abril de cada año, se deben pagar las contribuciones en cuatro cuotas o en su totalidad. Sin embargo, con la nueva ley, los contribuyentes vieron afectado su patrimonio por un alza de aquel impuesto. De acuerdo a la información preliminar, los afectados por aumentos de contribuciones fueron 1.180.000 inmuebles, de un total de 4.471.000 catastrados; de éstos, 545.000 mil vieron aumentado su avalúo en más de un 25%.
La ley estableció que el giro de impuesto no podía aumentar más de 10% y, por otro lado, las contribuciones en la primera cuota de abril de 2006 no podía tener un alza superior al 25%. Asimismo, la ley otorgó al Presidente de la República la facultad para bajar la tasa de impuesto territorial, de tal forma de cumplir con la exigencia que el giro por impuesto territorial no subiera más del 10%. PRENSA SUBDERE - PRENSA SENADO. 13/09/06.
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