La vitalidad de las regiones para articularse internamente, con el propósito de definir en función de su estrategia de desarrollo sus objetivos y prioridades, así como para asumir un rol dinámico en su proceso de implementación, determinará las reales potencialidades de las respectivas economías para aprovechar y descubrir las oportunidades que los cambios nacionales e internacionales presentan.

En este contexto, el Gobierno ha otorgado una alta prioridad a la creación de condiciones institucionales que permitan profundizar la democracia y avanzar, efectivamente, en el proceso de descentralización del aparato público nacional, generando condiciones para una participación activa y efectiva de las regiones. Las iniciativas de Reforma Constitucional y la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional son resultados del proceso gradual de descentralización y desconcentración político administrativo del área pública nacional.

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